¿Qué ocurre si perdemos nuestra capacidad para expresarnos o nuestro juicio se ve afectado? Que nos podemos ver abocados a la incapacitación que, según los expertos, es “la muerte civil” del ciudadano. ¿Quién decide entonces por nosotros?

Con el incremento de la esperanza de vida y el desarrollo de las demencias asociadas a la edad, cada vez son más los españoles que, conscientes de una posible futura incapacidad, deciden nombrar, mientras pueden expresar su voluntad, a una persona de confianza que pueda velar por sus intereses personales o patrimoniales. Los mecanismos legales que permiten dar instrucciones hoy de lo que queremos para el futuro son el poder preventivo y la autotutela. Ambos son documentos públicos notariales que cuestan alrededor de 50 euros. El primero permite a una persona elegir a otra para que represente sus intereses en caso de que pierda la capacidad para manifestar su voluntad. El segundo incluye, además, la designación de un tutor.

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